Sunass advierte que tarifa del agua se duplicaría en Lima y se triplicaría en regiones
La Sunass explica que esta situación se debe a un decreto legislativo recientemente aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual establece una nueva metodología para calcular las tarifas de agua
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha advertido que la tarifa de agua potable en Lima y Callao podría duplicarse de aquí al cierre del 2026.
Esta potencial alza no se limita solo a la capital, ya que en otras regiones del país las tarifas podrían aumentar hasta siete u ocho veces, dependiendo del distrito.
La Sunass explica que esta situación se debe a un decreto legislativo recientemente aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual establece una nueva metodología para calcular las tarifas de agua.
Este reglamento quita gran parte de la competencia a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) y podría derivar en un impacto económico significativo para las familias peruanas, especialmente las más vulnerables.
Peruanos afectados
Según cálculos de la Sunass, si esta normativa entrara en vigor mañana, unos 300,000 peruanos pasarían a situación de pobreza.
Actualmente, el consumo promedio de agua en Lima y Callao es de aproximadamente 15 metros cúbicos por familia al mes, lo que implica un costo de 65 soles. Con la nueva tarifa, esa cifra ascendería a 168 soles.
Aumento de la tarifa en regiones
El aumento será aún mayor en otras EPS del Perú. El más fuerte de todos será en dos localidades de Arequipa, que hoy están a cargo de Sedapar, donde el impacto será de hasta 729%.
En ciudades como Piura, donde la EPS Grau se mantiene en administración temporal del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por deudas contraídas con el Fonavi, habría un aumento de hasta 266% del costo promedio actual.
El Decreto Legislativo (D.L) 1620, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento en Perú, aprobado el 21 de diciembre del 2023 por propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha generado, desde su promulgación, un rechazo firme del regulador del sector.
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