Poder Judicial condenó a exmilitares por caso Manta y Vilca

El Poder Judicial condenó a un grupo de militares implicados en el caso Manta y Vilca. Todos ellos fueron acusados por los delitos de violación sexual en Huancavelica entre los años 1984 y 1995

Foto: PJ - Video: Canal N

La Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria del Poder Judicial condenó a diez militares por el delito de violación sexual, con los agravantes considerados como delitos de lesa humanidad, en el caso Vilca y Manta. En la audiencia se emitieron condenas que van desde los 6 a 12 años de cárcel.

Se trata de Rufino Rivera Quispe, Vicente Llance Collahuacho, Epifanio Quiñonez Loyola, Amador Gutiérrez Lizarbe, Lorenzo Inga Romero; como autores, y de Raúl Pinto Ramos y Arturo Cimarra García, como cómplices primarios del delito. Ellos fueron condenados a 10 años de prisión.

Asimismo, fueron sentenciados Sabino Valentín Rutti, Martin Sierra Gabriel, Pedro Chanel Pérez López; quienes recibieron 12, 8 y 6 años de pena privativa de libertad, respectivamente, por el delito de violación contra la libertad sexual.

Todos ellos, además, deberán cancelar, de manera solidaria, 100 mil soles por concepto de reparación civil en favor de las agraviadas.

“Todas las penas que se dictaron esta tarde se computarán una vez los condenados sean habidos y puesto a disposición de la autoridad judicial”, informó la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), subsistema al que pertenece la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria.

En tanto, se reservó el juzgamiento a los acusados Julio Meza, Edwin Carrasco y Diomedes Gutiérrez, por encontrarse en calidad de reos contumaces.

¿QUÉ ES EL CASO MANTA Y VILCA?

La sentencia responde a la acusación presentada por el Ministerio Público por las denuncias por violencia sexual perpetrada por personal militar en los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, ocurridas entre los años 1984 y 1995.

Según la investigación, las mujeres, entonces adolescentes, fueron engañadas y obligadas a entrar a la base militar instalada por las Fuerzas Armadas en la zona, donde fueron agredidas sexualmente.

En el 2002 que la Comisión de la Verdad logró recoger los testimonios de las afectadas, los cuales fueron corroborados mediante peritajes forenses y psicológicos.

En total, se identificaron a 24 víctimas de violación y a 32 menores cuyos padres eran militares, pero que jamás fueron reconocidos.

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